¿Cuáles son las reformas electorales que demanda la oposición para este año?
Escrito por: redacción central
Desde el 2018 muchos nicaragüenses están a la espera de las elecciones de noviembre 2021, puesto que se espera la salida pacífica del régimen y desde entonces los grupos de oposición han planteado alternativas de reformas a la ley electoral, las cuales hasta el momento no han tenido respuestas por parte de Ortega – Murillo.
En diciembre del 2019 la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Azul y Blanco presentaron sus propuestas de reformas electorales, en dicho documento se demanda prohibir la candidatura del cónyuge del presidente, publicación a tiempo real de los resultados, conformar un nuevo Consejo Supremo Electoral, no reelección de presidente y vicepresidente, entre otras.
A mediados de septiembre del 2020, el Grupo Pro Reformas Electorales hizo una serie de propuestas las cuales fueron respaldadas por Amcham, Funides y Cosep. Resaltando de estas la observación nacional e internacional independiente, limpieza del padrón electoral, modernización del Consejo Supremo Electoral, entre otras.
En octubre de 2020, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la resolución “Restableciendo las Instituciones Democráticas y el Respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua a través de Elecciones Libres y Justas” la cual según un comunicado emitido por la Alianza Cívica, llama a una observación internacional y realizar reformas electorales antes de mayo 2021.
AUN, la Alianza Cívica, Movimiento Patria Libre y Vivir, entre otros movimientos de sociedad civil han iniciado esta primera semana del año con campañas en redes sociales para exigir reformas electorales y elecciones justas, cabe destacar que a finales del 2020, el asesor económico del régimen Bayardo Arce, indicó que las reformas electorales comenzarán a partir de mayo 2021.
Hasta el momento el régimen Ortega Murillo ha hecho todo lo posible por erradicar a la oposición, pues en una sesión extraordinaria y durante sus vacaciones de fin de año, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, la cual en pocas palabras no permite que cualquier nicaragüense que “financie un golpe de estado e incite a la injerencia extranjera” pueda optar a cargos de elección popular.
