Dilemas éticos sobre el sector privado nicaragüense.

Escrito por: Manuel Sandoval Cruz.

Desde el inicio de la crisis en Nicaragua en abril de 2018 se ha insistido tanto en la unidad para lograr una presión articulada en contra de la dictadura Ortega-Murillo. Pero, cabe preguntarnos qué tan dispuesta está la oposición a pagar el precio de tal demanda; si alejarse de las demandas del pueblo o establecer sus propios dogmas como mecanismo para la solución del problema en el país. Cualquiera que sea su decisión va interpelar al pueblo, principal víctima de la tiranía del Carmen.

Nuestra cultura política en el país se ha basado en el pacto, la impunidad, la amnistía, la anarquía, el populismo, la corrupción pública y privada, la negación a la alternancia en el poder. Todo ello a consecuencia de las uniones del poder de iure con el poder de facto. En los últimos años logró tener un nombre: “Modelo de Diálogo y Consenso”.

Estas alianzas público-privadas en las que Tunnerman visibiliza la impunidad como consecuencia de la corrupción de ambas, afecta tanto a la institucionalidad (la base del Estado y del desarrollo del mismo), copta el Estado de Derecho y favorece a la consolidación de regímenes a cambio de licitaciones fraudulentas y exoneraciones al margen de la ley misma. Me refiero – obviamente – al sector privado en su responsabilidad en la consolidación de la dictadura actual que fortalecieron las pretensiones dinásticas del Carmen y fueron, o son, parte de la corrupción en el manejo de la cooperación venezolana (fuera del presupuesto general de la república) y de Bancorp o Albanisa.

Habría que preguntarnos cuál sería el comportamiento ético del sector privado en el caso de la lucha campesina. Si en la Comisión del Gran Canal cuyo proyecto forma parte de la ilusión del Carmen-COSEP et al, así como la Refinería el Supremo Sueño de Bolívar. ¿Cómo hará el sector privado para ver el rostro del liderazgo campesinos, cuya lucha fui minimizada por la gran mayoría de los nicaragüenses?

La unidad debe partir por reconocer qué tanta responsabilidad tuvimos al consolidar la dictadura con las alianzas, las prebendas y el abstencionismo en procesos electorales que carecían de toda credibilidad. Si no hacemos un examen, una autoevaluación de quiénes éramos antes de abril de 2018, difícilmente vamos a lograr la unidad de cara a derrocar la dictadura y refundar Nicaragua, cuyo hecho es impostergable.

Cuando Alejandro Serrano Caldera nos denomina como “archipiélagos de islotes inconexos”, lo hace sabiendo que cada grupo político o social que existe en Nicaragua tiene una agenda propia y difícilmente opte por el diálogo y el consenso, por la “unidad en la diversidad”. Es fundamental aceptar que el diálogo como medida para resolver la crisis, es la salida más humana y civilizada, pero ¿cómo dialogar con quién no tiene voluntad para tal situación? La conversación debe darse, primeramente, entre nosotros para lograr una presión interna que obligue al régimen a abordar los temas de democracia y justicia en el diálogo.

Si la unidad no logra presionar a través de un plan que golpee al Carmen, tal unidad no tendrá sentido de cara a la Nicaragua del futuro porque será hacer política para fines electorales, para luchar por el poder y no para reconstruir un país que deja en ruinas el orteguismo. Porque no se puede olvidar que la voluntad soberana no es parte únicamente durante procesos electorales, sino es permanente: en el debate sobre las cosas públicas, en la función contralora, ejerciendo derechos y libertades siempre y no en las urnas. No podemos desatendernos, una vez más, del quehacer político del país. Sucumbir a la tentación de hacerlo es oscilar en el mismo sistema actual.

Por ello no es nada ético que se manejen las decisiones con exclusión de los grupos que integran la Alianza Cívica o la Unidad Nacional. No es nada sano para la lucha que el sector privado manipule y opte por censurar a críticos cuando estos cuestionan la falta de coherencia política o cuando se emite juicios sobre declaraciones de empresarios que favorecen al régimen como la de elecciones sin las debidas garantías que respeten la voluntad soberana.

Me pregunto que, si es viable o no, no tanto por el costo político que asumiría la oposición al aceptar eso, sino por el hecho de que si es éticamente posible darle el beneficio de la reelección a Ortega cuando su régimen ha vulnerado de manera sistemática los derechos y libertades fundamentales.

Cuando oímos declaraciones de algunos empresarios que debe haber elecciones con o sin reformas, nos recuerda su añoranza de eso años de bonanza con el gobierno, esos amores que ahora se ven crepusculares pero que postergan el ocaso permanente. Evidencian la cuota del sector privado en la consolidación de la dictadura, en la cooptación del Estado, en la frágil institucionalidad y extinción del Estado de derecho, cuando vieron hacia otros horizontes y apartaron su vista de la responsabilidad política empresarial.

Por último, no creamos que la salida de Ortega-Murillo significará el fin de la cultura política nicaragüense, si no hay cambios profundos es como seguir con Ortega, pero con otro rostro. Sigamos diciéndole a la Alianza Cívica y la Unidad Nacional que aquí no aceptamos pactos que concedan amnistía e impunidad. ¡Aquí se respeta al pueblo! ¡Aquí no va quedar impune la sangre de las victimas!

El autor es estudiante universitario exiliado.