Reír para no ceder: La resistencia digital en Nicaragua

Cuando Rosario Murillo termina uno de sus discursos, esos monólogos interminables donde mezcla palabras como «amor», «luz» y «patria» con ataques a los «apátridas» y «traidores», algo ocurre en las redes sociales de Nicaragua antes de que el eco se apague. Aparecen los memes.

En cuestión de minutos, los fragmentos más absurdos del discurso se convierten en material de sátira. Alguien recorta el audio, otro lo pega sobre un video de una telenovela turca. Un tercero dibuja una caricatura. Los grupos de WhatsApp explotan. La gente se ríe. Y esa risa, en un país donde salir a protestar puede costar años de cárcel, no es poca cosa.

El último espacio público

Desde 2018, Nicaragua ha clausurado sistemáticamente casi todos los espacios de expresión ciudadana. Las marchas están prohibidas. Los medios independientes fueron cerrados o forzados al exilio: La Prensa, Confidencial, 100% Noticias y Onda Local vieron sus sitios web bloqueados desde adentro del país. Las universidades, históricamente focos de organización estudiantil, fueron depuradas. Las ONG, canceladas por ley.

Lo que quedó fue internet. Y dentro de internet, las redes sociales: el único espacio que el régimen no ha podido clausurar del todo, aunque no por falta de intentos.

En noviembre de 2025 entró en vigencia la Ley 1223, conocida como la «nueva Ley Mordaza», que extiende la vigilancia de la dictadura al ciberespacio y convierte a TELCOR (dirigido por la hija del jefe de la Policía) en un órgano con facultades para supervisar, normar y fiscalizar las telecomunicaciones y los contenidos digitales. La infraestructura de vigilancia se refuerza, además, con la entrada de empresas chinas al sector: contratos por casi 107 millones de dólares firmados con el Ministerio de Hacienda para una red 4G con equipos Huawei, con 190 estaciones base en Managua y 276 en el resto del país.

El mensaje es claro: te estamos mirando.

Y sin embargo, los jóvenes nicaragüenses siguen publicando.

Las reglas del juego: qué se puede y qué puede costarte 13 años

El régimen no ignora este ecosistema. Lo persigue, cuando puede.

La Ley Especial de Ciberdelitos, que entró en vigencia en diciembre de 2020, establece que cualquier persona, sin importar la edad, puede ser encarcelada hasta 13 años por una publicación en Twitter, Facebook o un video denunciando violaciones de derechos humanos. El caso más citado es el de Samantha Jirón, presa política por un tuit.

La propagación de «noticias falsas» (una categoría que el régimen define discrecionalmente) se sanciona con dos a cuatro años de prisión. Las publicaciones que «incitan al odio y la violencia» llevan de tres a cinco años.

El problema es que «noticia falsa» puede significar cualquier cosa que contradiga la narrativa oficial. Un meme sobre el censo puede ser «desinformación». Un video sobre una marcha puede ser «incitación». La ley está diseñada para la ambigüedad: no necesitas hacer nada específicamente ilegal para que te acusen de algo.

El efecto más poderoso no es el encarcelamiento en sí, que ocurre, pero no puede ser masivo. Sino el miedo que produce. Expertos en seguridad digital señalan que el verdadero objetivo de estas leyes es intimidar y censurar, no tanto el control técnico masivo, que resulta difícil de sostener sobre comunicaciones cifradas.

La estrategia funciona así: el régimen arresta a algunos, de forma visible y arbitraria, para que los demás calculen el riesgo antes de publicar. Es una poda selectiva del espacio digital: no elimina el bosque, pero hace que cada árbol piense dos veces antes de crecer.

Las estrategias de sobrevivencia digital

Frente a eso, los jóvenes desarrollaron un repertorio de tácticas que mezcla intuición, experiencia y aprendizaje colectivo.

El anonimato como identidad. Las cuentas sin nombre real no son una opción sino una necesidad. Pero el anonimato tiene sus propias reglas: no revelar ubicación, usar VPN, no conectar la cuenta anónima con el correo personal, no mezclar el humor político con publicaciones privadas. Algunos mantienen dos vidas digitales paralelas, una pública y anodina, otra política y escondida.

El humor como escudo legal. Un meme es más difícil de procesar que un artículo de opinión. La ambigüedad es protección: ¿es esto una crítica política o solo una broma? Cuando la sátira se viste de entretenimiento, la frontera legal se vuelve borrosa. Caricaturistas como Pedro Molina y Manuel Guillén han declarado que no van a dejar de publicar, argumentando que criticar a funcionarios públicos pagados con impuestos es un derecho ciudadano inalienable, aunque la ley diga otra cosa.

La viralización rápida como defensa. Un contenido que ya fue compartido miles de veces es más difícil de suprimir que uno reciente. La velocidad de circulación en WhatsApp y grupos privados de Facebook hace que perseguir un meme sea, en la práctica, imposible una vez que se dispersó.

Las plataformas menos vigiladas. En TikTok, según analistas digitales nicaragüenses, hay «demasiada libertad» y los usuarios participan con mayor soltura. Facebook, en cambio, permite herramientas de privacidad que crean burbujas políticas más protegidas. Los grupos privados de WhatsApp son el espacio más íntimo: ahí se comparte lo que nunca aparecería en público.

Dentro y fuera: la división que define el activismo

Hay una tensión que atraviesa todo este ecosistema: la que existe entre quienes hacen activismo desde adentro de Nicaragua y quienes lo hacen desde el exilio.

Los que están afuera tienen más libertad de expresión pero menos conexión cotidiana con la realidad del país. Los que están adentro conocen el pulso de la calle pero operan con un freno permanente. Activistas como María Alvarado describen esta división así: en el exilio hay espacios de participación que van desde los que requieren dar el rostro públicamente hasta los que optan por el anonimato. Para quienes están emocionalmente agotados después de años de represión, hay otras formas de resistencia que no siempre se reconocen a simple vista.

El humor político es uno de esos puentes. Un meme creado en Costa Rica puede circular en Managua. Un sketch de YouTube producido desde Madrid llega a un teléfono en Estelí. La geografía del exilio no borra la conexión digital: la tensiona, la complica, pero no la elimina.

¿Para qué sirve reírse del poder?

Es una pregunta legítima. ¿Cambia algo un meme? ¿Alguien cayó del poder porque lo ridiculizaron en TikTok?

La respuesta honesta es: no directamente. Pero esa no es la función del humor político en contextos autoritarios.

Lo que hace la sátira, cuando los espacios de protesta están cerrados, es mantener vivo un sentido compartido de la realidad. Decirle a la gente que no está sola en lo que piensa. Que el absurdo que ven todos los días tiene nombre, y ese nombre puede ser blanco de una broma. Que el poder no es omnipotente y que se puede reír de él, aunque sea en privado, aunque sea con miedo.

Como dijo el creador de Mapache Jambado: «Al tener a estos personajes que no son queridos, al ver un contenido que les hace sátira y los cuestione, hace una conexión instantánea con la población. Hay un descontento desde hace años y desde 2018 es mayor.»

Esa conexión instantánea es política, aunque no use la palabra política. Es la afirmación de que existe una mayoría que no cree, que no acepta, que no ha normalizado. El meme no derroca dictaduras. Pero le recuerda a quien vive bajo una que no está solo pensando lo que piensa.

En Nicaragua, en 2026, eso todavía importa.