Régimen sin cumplir recomendaciones de OACNUDH

Por: redacción central

El más reciente boletín de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltó que, a más de 15 meses de la publicación del informe sobre la situación de Nicaragua en 2019, el régimen Ortega – Murillo “ha implementado pocas medidas sin mostrar, lamentablemente, avances notables hasta el momento”.

Así mismo este organismo concluye que a menos de un año de las elecciones generales en Nicaragua, el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en septiembre de 2019, ha sido deficiente.

Acá te recordamos cuales fueron esas recomendaciones:

Al Gobierno de Nicaragua:

1. Restablecimiento del diálogo
2. Garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación, y sanciones para quienes ataquen o intimiden a defensores/as DH.
3. Restablecimiento de la personalidad jurídica de organizaciones y medios de comunicación sancionados.
4. Establecimiento de un plan de rendición de cuentas sobre:
5. Investigación de las violaciones de los derechos humanos.
6. Reforma del sector judicial.
7. En consulta con asociaciones de víctimas, medidas para cumplir con los derechos a la justicia, verdad, reparación, y garantías de no repetición.
8. Desarticulación de elementos y grupos armados progubernamentales.
9. Medidas efectivas para prevenir y erradicar, la tortura.
10. Fin de las detenciones arbitrarias y liberación de personas aprehendidas en el contexto de la crisis.
11. Modificación de la legislación penal en línea con los estándares internacionales, en particular en materia de privación de libertad y debido proceso.
12. Reformas para garantizar elecciones justas y transparentes.

A la Institución Nacional de Derechos Humanos:

1. Cumplimiento pleno de su mandato de protección de los derechos humanos.
2. Fortalecimiento de la institución a través de la cooperación técnica de organismos internacionales especializados.

Así mismo esta oficina enfatiza que “está preocupada por la reforma constitucional adoptada en enero de 2021, que incrementa la duración de la pena por crímenes motivados por el odio de 30 años de privación de libertad a cadena perpetua. Existe el riesgo de que esta disposición pueda ser utilizada para perseguir selectivamente a las voces disidentes”. Concluye el boletín.