La ruptura del Orden Constitucional en Nicaragua.
Escrito por: Juan Barberena Gutiérrez y Manuel Sandoval Cruz.
La Carta Democrática Interamericana de la OEA dispone en su art. 20 que en donde un Estado miembro se ha dado una ruptura del Orden Constitucional, este está sujeto a la máxima sanción que la OEA pueda imponer: su expulsión del sistema. La literatura ha definido la ruptura del orden constitucional como todo hecho que implique una usurpación de la soberanía popular, de los poderes constituidos legítimamente o la violación de los principios democráticos con el fin de mantenerse en el poder o asumir poderes más allá de lo permitido en la Constitución.
Desde nuestra perspectiva, Daniel Ortega ha ocasionado una ruptura del Orden constitucional desde hace varios años, no precisamente desde el inicio de las protestas en abril 2018. La forma cómo ha logrado ejercer y controlar el poder en Nicaragua ha sido de manera autoritaria: reprimiendo disidentes, controlando las instituciones y cometiendo fraudes electorales. Así, por citar un primer ejemplo, el Decreto 03-2010 es sintomático de lo antes dicho, cuando Ortega prorrogó los periodos a los funcionarios públicos. Con tal acción, Ortega fragua un Golpe de Estado al no estar facultado por la Constitución para tal acción, en ese momento se da la ruptura del Orden Constitucional.
En el mismo año 2010 una ilógica e incoherente sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el art. 147 de la Constitución que permitió a Ortega reelegirse. Para terminar de sepultar el Estado de Derecho, la Asamblea Nacional realizó reformas a la Constitución en 2014 para “legalizar” lo ilegal y constitucionalizar el régimen dictatorial de Ortega.
Considerando el espíritu del art. 3 de la Carta que expresa que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto de los derechos humanos y las libertades; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basados en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. Ortega ha controlado el poder absoluto obviando estos principios que, claramente, se han violentado desde hace años.
Desde el inicio de las protestas el 18 de abril del 2018, Nicaragua experimenta un recrudecimiento de las violaciones a la ley, a los derechos humanos; al Estado de Derecho. Los crímenes de lesa humanidad del que el Estado es responsable y la configuración de un estado de excepción de facto al margen de la ley y del ordenamiento jurídico internacional, hace que se gestione la aplicación del art. 20 de la Carta Democrática de la OEA para recuperar el orden constitucional que es necesario en Nicaragua y salir de Ortega-Murillo que ya no son legales ni legítimos en el poder.
Ante la solicitud del Secretario General de la OEA, Luis Almagro de invocar el art. 20 con el fin de activar la Carta al Estado de Nicaragua, el canciller Moncada Colindres ha solicitado a los países miembros de la OEA no apoyar la iniciativa por ser “ilegal e improcedente”. El gobierno de Nicaragua quiere orillar hacia la impunidad sus crímenes de lesa humanidad, evitar la expulsión del sistema interamericano que traería como consecuencia mayor aislamiento internacional y repercusiones económicas a corto y largo plazo.
El pueblo nicaragüense de reiteradas formas ha solicitado a la Comunidad Internacional su respaldo para nuestras demandas de justicia y democratización. La dictadura sigue violentando nuestros derechos, que, por tal motivo, atendemos el art. 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Todo Estado en el que no se garanticen los derechos de los ciudadanos ni se limite el poder, carece de Constitución”. En Nicaragua es imperativo recuperar el Orden Constitucional.
Por ese seguiremos recordando a los países del Hemisferio sus compromisos con el Sistema Interamericano. No pueden ni deben ser indiferentes ante las violaciones de derechos humanos que sufre el pueblo de Nicaragua por parte del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Traemos a memoria, para concluir, las palabras del doctor César Gaviria Trujillo, ex Presidente de Colombia y ex Secretario la OEA, expresadas el 10 de septiembre de 2001 en Lima, Perú en la Sesión Inaugural de la Aprobación de la Carta Democrática Interamericana: «Todos los que pretendan quebrantar el orden constitucional encontrarán una comunidad de Naciones americanas unidas en su acción colectiva para hacer respetar la institucionalidad democrática».
(Juan Barberena Gutiérrez es egresado de Derecho de la UCA Nicaragua, y Manuel Sandoval es estudiante de Derecho; ambos exiliados.)
