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Dictadura Ortega – Murillo en contra de la educación.

Dictadura Ortega – Murillo en contra de la educación.

Por: Redacción Central 

La Asamblea Nacional controlada por el partido FSLN canceló 14 personerías jurídicas este miércoles 2 de febrero. Desde el año pasado, la dictadura Ortega – Murillo inició esta operación en contra de centros de estudios independientes. 

Las universidades a las que se les despojó su personería jurídica el día de doy son: La Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), La Universidad Católica Agropecuaria del Trópico (UCATSE), La Asociación Universidad Paulo Freire (UPF),  La Asociación de Estudios Humanitarios (UNEH). 

También el día de hoy fueron despojadas de sus personerías jurídicas La Asociación Popular Nicaragüense UPONIC, La Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí, La Asociación de colegios parroquiales de la Diócesis de Estelí, Cáritas diocesana de Estelí, Familia Padre Fabretto, La Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí, La Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí, La Fundación Michelangelo Foundation, La Asociación Pro Desarrollo de Estelí y La Asociación de fomento creación de Graduados. 

El trece de diciembre del año pasado, el régimen le arrebató su personería jurídica a la Universidad Hispanoamericana, dejando a decenas de estudiantes en el limbo durante varios días. 

En los últimos meses hemos visto cómo la dictadura nicaragüense se ha ensañado en contra de la educación y el pensamiento crítico, castigando económicamente a la Universidad Centroamericana (UCA), la cual desde el año 2018 ha sufrido reducciones en el presupuesto otorgado por el 6%, afectando las becas que este centro de estudio otorga cada año.

Otra universidad afectada es la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (Uniav), la cual también ha sido castigada entre 2018 y 2021, y aunque este año se le incrementó el presupuesto en casi seis millones de córdobas, el neto del ejercicio 2018 – 2022, arroja una pérdida de 14.7 millones, o sea, 18.3% menos que los 80.5 millones asignados en 2018.

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