2016: EL AÑO EN QUE SE CERRÓ EL CANDADO
CRÓNICA DE LA METAMORFOSIS AUTORITARIA DE NICARAGUA
Si la historia moderna de Nicaragua pudiera resumirse en un solo punto de inflexión, los historiadores inevitablemente señalarían al 2016. Fue un año bisiesto que comenzó con una aparente normalidad bajo el sol del trópico y terminó con la arquitectura institucional de la democracia desmantelada ladrillo a ladrillo. Visto desde la perspectiva de 2026, aquel año no fue simplemente una fecha en el calendario, sino el laboratorio donde el sandinismo gobernante perfeccionó la fórmula del control absoluto, sustituyendo la política por la hegemonía y el debate por el silencio.
A inicios de 2016, Nicaragua vivía una paradoja. Económicamente, el país era la envidia de Centroamérica. Bajo el modelo de «alianza y consenso» entre el gobierno de Daniel Ortega y el gran capital (COSEP), el Producto Interno Bruto crecía a un ritmo superior al 4.5%. Las instituciones financieras internacionales elogiaban la disciplina fiscal y la seguridad ciudadana, mientras los centros comerciales en Managua se multiplicaban. Esta bonanza funcionaba como un potente anestésico social: mientras hubiera crecimiento, una gran parte de la clase media y empresarial estaba dispuesta a mirar hacia otro lado ante el deterioro institucional.
Sin embargo, bajo esa superficie de calma, las placas tectónicas de la política se estaban moviendo violentamente. El proyecto del Gran Canal Interoceánico, concesionado al empresario chino Wang Jing, dominaba la narrativa oficial como la promesa del «Tierra Prometida». Aunque en el terreno las obras mayores eran inexistentes y la empresa HKND comenzaba a mostrar signos de inviabilidad financiera, la amenaza de expropiación era muy real para los campesinos de la ruta canalera. Fue aquí donde surgió la única resistencia genuina de aquel año: el Movimiento Campesino, liderado por figuras como Francisca Ramírez. A diferencia de la oposición de salón en la capital, los campesinos pusieron los muertos y los presos en 2016. Sus marchas hacia Managua fueron bloqueadas sistemáticamente por la Policía Nacional y fuerzas de choque, prefigurando la estrategia de «estado policial» que se formalizaría años más tarde.
El gobierno, astutamente, utilizó también la emergencia sanitaria del virus del Zika para desplegar sus redes de control territorial; bajo la excusa de combatir al mosquito y prevenir la microcefalia, los Gabinetes de la Familia y el Ministerio de Salud entraron en cada hogar, consolidando un censo político disfrazado de salud pública.
Pero el golpe de gracia a la democracia ocurrió en los tribunales, lejos del lodo de las protestas campesinas. En junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia ejecutó una maniobra quirúrgica: despojó a la Coalición Nacional por la Democracia (liderada por el PLI de Eduardo Montealegre) de su representación legal, entregando el partido a facciones colaboracionistas. La consecuencia fue inmediata y brutal: ante la negativa de los diputados opositores de someterse a la nueva directiva impuesta, el Consejo Supremo Electoral (CSE) destituyó a 28 diputados (16 propietarios y 12 suplentes). De un plumazo, el Parlamento dejó de ser un poder del Estado para convertirse en una caja de resonancia del Ejecutivo. Las demandas de la sociedad civil por un proceso de cedulación transparente cayeron en saco roto. El sistema estaba diseñado para no escuchar.
Mientras en Managua se celebraba la victoria con plazas llenas de empleados públicos, en Washington se encendían las luces rojas. Legisladores estadounidenses introdujeron la «Nica Act», una advertencia legislativa que buscaba cortar el financiamiento multilateral al régimen hasta que hubiera elecciones libres. El gobierno de Ortega desestimó la amenaza como «injerencismo», confiado en que su alianza con el sector privado y los petrodólares venezolanos (que ya empezaban a escasear) lo protegerían.
Lo que nadie calculó en 2016 fue que cerrar las válvulas institucionales convertiría al país en una olla de presión. Al eliminar a los diputados opositores y bloquear las vías electorales, el gobierno dejó a la ciudadanía sin canales para tramitar el descontento. La consecuencia lógica e inevitable estalló dos años después, en abril de 2018.
Este cierre total del espacio político culminó en las Elecciones Generales de noviembre de 2016. Sin observación internacional creíble y con una abstención que la oposición real calculó por encima del 70%, Daniel Ortega se aseguró un tercer mandato consecutivo. El dato histórico, sin embargo, fue la ascensión de Rosario Murillo a la vicepresidencia. Aquello no fue un simple nombramiento; fue la oficialización de una diarquía y la sucesión dinástica.
Cuando el gobierno de forma arbitraria reformó unilateralmente el seguro social (INSS), la sociedad, huérfana de representantes políticos ni organizaciones partidarias opositoras, se autoconvocó en las calles. La represión letal que siguió —con más de 350 muertos y miles de heridos— rompió para siempre el modelo de alianza con el sector privado y la Iglesia Católica, demostrando que la estabilidad de 2016 era un castillo de naipes.
La radicalización fue exponencial. Si en 2016 se eliminaron casillas electorales, para las elecciones de 2021 el régimen decidió secuestrar y encarcelar directamente a los candidatos. Todos los aspirantes presidenciales opositores fueron arrestados, consolidando el aislamiento internacional de Nicaragua. La «Nica Act», que en 2016 era un borrador, se convirtió en ley y se sumó a sanciones más severas como la Ley RENACER.
Llegando al 2026, el paisaje es desoladoramente distinto al de hace una década. El sueño del Canal Interoceánico fue enterrado oficialmente, y el «santo patrono» económico cambió: de los empresarios del COSEP (muchos de los cuales terminaron presos o en el exilio) y los negocios con la cúpula venezolana fue reemplazada por una dependencia con China y Rusia, la cual al momento no ha dejado ningún rédito económico al país.
Laureano Ortega Murillo ha emergido como el sucesor de facto, manejando las relaciones exteriores y las inversiones estatales, cerrando el círculo dinástico que se abrió con la vicepresidencia de su madre en 2016. La sociedad nicaragüense, por su parte, ha votado con los pies. La falta de cedulación y la persecución política provocaron el mayor éxodo en la historia del país. La economía de 2026 ya no se sostiene por la producción interna o el turismo, sino por un récord histórico de remesas familiares enviadas por los exiliados.
Viéndolo en retrospectiva, 2016 fue el año en que Nicaragua perdió su última oportunidad de corregir el rumbo pacíficamente. Fue el año en que el poder decidió que no necesitaba contrapesos, creando un sistema que, diez años después, ha logrado la «paz» del silencio y la estabilidad del cementerio.
